Guanajuato ante la trata de personas. Periódico Correo


Saúl Arellano. 24-09-2012

http://www.periodicocorreo.com.mx/editoriales/58740-investigaciones-ceidas-24-09-2012.html

El día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. De manera lamentable, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de este delito, lo que nos sitúa como uno de los peores países a nivel mundial en este tema.

De acuerdo con el Índice Mexicano sobre las condiciones de vulnerabilidad ante la trata de personas (CEIDAS, 2010), Guanajuato es una de las seis entidades del país, que concentran mayores factores de riesgo para que su población sea enganchada por redes de tratantes que operan tanto en la entidad como de manera interestatal.

Paradójicamente, aun cuando existe esa y otros elementos de evidencia, el Congreso del Estado ha pecado de severa omisión pues, al contrario de la tendencia nacional, Guanajuato es una de las pocas entidades de la República en que no existe una Ley en la materia, condición que se agrava si se considera que en el mes de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en la materia, la cual obliga a que todos los Estados, sin excepción, lleven a cabo las reformas legales y reglamentarias necesarias para homologar sus marcos jurídicos con los mandatos de la Ley General.

De manera ejemplar, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, que encabeza Gustavo Rodríguez Junquera, en alianza con la Universidad de Guanajuato, ha llevado a cabo una serie de acciones de prevención y ha impulsado reformas al Código Penal, para tipificar y mejorar el marco jurídico estatal.

En el 2011 el Gobierno del Estado apoyó una extensa campaña de difusión y prevención, dirigida a estudiantes de educación media-superior; sin embargo, esta campaña, que permitió llegar a más de 10 mil estudiantes, no se sistematizó ni se institucionalizó, con lo que el impacto de ha diluido.

De este modo, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo, sin el compromiso pleno del Gobierno del Estado, sin la acción decidida del Congreso y sin el cumplimiento de las responsabilidades que han sido establecidas para los gobiernos municipales, poco o nada podrá avanzarse en materia de prevención, rescate y protección de las víctimas de este cruel delito.

En efecto, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de personas, define un catálogo de responsabilidades exclusivas para los gobiernos estatales y municipales, en materia de diseño de políticas públicas, disposiciones presupuestales, adecuaciones jurídicas, normativas y reglamentarias, así como la construcción de diagnósticos estatales y municipales y sus consecuentes planes de acción en la materia.

Recientemente el Gobierno del Estado de México presentó el Primer diagnóstico estatal que se diseña explícitamente para dar cumplimiento al mandato de la Ley General. Considerando que este es un tema que debe convocar a todos, independientemente de filiaciones y preferencias partidistas, sería deseable que el nuevo gobierno de Miguel Márquez Márquez retomara ese ejercicio y lo impulsara en nuestro estado.

La comisión del delito de la trata de personas está relacionada siempre con una extendida presencia de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños; acompañadas de factores como la pobreza, la migración y la vida en comunidades segregadas.

Al respecto es importante decir que según los datos del INEGI, entre los años 2009 y 2011, en Guanajuato se presentaron cuatro denuncias por el delito de “Abandonar y no asistir a menores de edad”; así como 500 denuncias por el delito de abuso sexual, es decir, un promedio anual de 167 casos o bien, una denuncia por este delito al menos cada dos días.

La violencia contra las mujeres y el incumplimiento de sus derechos sigue vigente, en lo particular en lo relativo a sus derechos sexuales y reproductivos, pues a pesar del escándalo nacional que protagonizó la administración anterior al haber encarcelado a mujeres por haber interrumpido voluntariamente el embarazo, entre 2009 y 2011 hay registro de al menos 5 denuncias penales por el delito de “aborto”.

Adicionalmente, los datos de INEGI muestran que en el periodo señalado se presentaron 68 denuncias por el delito de “corrupción de menores”; esto significa aproximadamente una denuncia al mes; así como 38 casos más de denuncias por delitos que en algún momento podrían tener relación con la trata de personas.

Esto debe enmarcarse en un contexto de violencia social y sexual que existe en el estado de Guanajuato pues es uno de los pocos estados del país en el que, según los datos del INEGI, hay más denuncias por el delito de secuestro que por el de violación sexual. En efecto, según las Estadísticas Judiciales en Materia Penal, entre 2009 y 2011 hubo 243 denuncias por el delito de Secuestro mientras que por el de violación hubo 222 denuncias.

De acuerdo con las más recientes declaraciones públicas del titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, desde una perspectiva amplia de derechos humanos, cualquier caso de tráfico de menores, incitación a la prostitución, lenocinio, explotación de menores, abuso sexual, incesto y otros más, deberían suponer la probable comisión del delito de trata de personas, investigar, y a partir de lo que resulte, definir los alcances del delito.

Independientemente de lo anterior, lo más importante es que Guanajuato no cuenta con una Ley en la materia; no cuenta con un diagnóstico estatal en la materia; no cuenta con un plan estatal en la materia; no cuenta con presupuesto asignado para la prevención de la trata de personas, y tampoco hay ningún municipio que haya desarrollado su propio diagnóstico o cuente con planes definidos para prevenir este delito.

Como puede verse, en Guanajuato hace falta hacer casi todo en esta materia, y por ello la nueva administración se encuentra ante una enorme oportunidad para institucionalizar las acciones que hasta ahora se han llevado a cabo.

Cifras

500 denuncias por el delito de abuso sexual, es decir, un promedio anual de 167 casos del 2001 al 2010, en Guanajuato.

68 denuncias por el delito de “corrupción de menores”

38 denuncias por delitos que en algún momento podrían tener relación con la trata de personas.

222 denuncias por el delito de violación del 2001 al 2010, en Guanajuato.

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